El Acuerdo de París, tratado internacional adoptado por 197 países durante la COP21 (diciembre de 2015), supuso un hecho histórico en la agenda climática mundial. Según indica la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su web, los países firmantes se comprometieron a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y a colaborar para adaptarse a los efectos del cambio climático, así como a fortalecer sus compromisos a lo largo del tiempo. Hoy en día, según la ONU, ya son 189 los países que se han unido al Acuerdo de París.

Tras la COP21, gobiernos y empresas tienen marcada su hoja de ruta para reducir el impacto medioambiental en sus actividades. Por ello, muchas organizaciones han puesto en marcha líneas de actuación e iniciativas basadas en criterios ESG (Enviromental, Social and Governance, por sus siglas en inglés), relativas a los sectores ambiental, social y de gobernanza:

• Se consideran ambientales aquellas acciones en las que las empresas intentan disminuir los niveles de contaminación y el impacto que causan en el planeta, por ejemplo, reduciendo las emisiones de CO₂, reciclando, usando energías renovables, etc.
• Las acciones sociales están relacionadas con el capital humano y la interacción de la empresa con ellos, incluyendo los problemas de salud y de seguridad, la diversidad, la igualdad o los derechos humanos.
• Por su parte, los factores de gobernanza tienen que ver con la estructura corporativa y de gobierno de una empresa, su relación con los empleados y temas éticos.

Con este tipo de iniciativas, las instituciones generan valor compartido en todos sus grupos de interés, lo que, en última instancia, les reporta múltiples ventajas, tales como el incremento de la confianza en el mercado inversor y el valor para los accionistas. Además, resultan más atractivas para los inversores. De hecho, tal es su repercusión que el Código de buen gobierno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y los estándares internacionales de referencia establecen que son los consejos de administración quienes deben supervisar las cuestiones ESG.

El problema es que todavía no existen unos indicadores que cuantifiquen el impacto que las iniciativas desarrolladas bajo estos criterios tienen en las entidades, sino que su viabilidad se valora cualitativamente. Lo que sí está claro es que las empresas con perfiles sostenibles tienen mayor rentabilidad y un impacto positivo en la sociedad y el planeta.