Idoia Ortiz de Artiñano es la Managing Director del PublicTech Lab del Instituto de Empresa y acaba de ser reconocida como una de las 100 personas más influyentes del mundo en gobierno digital, según la revista Apolitical. Como antigua alumna de MAS Consulting, en esta entrevista nos cuenta su visión de cómo las Administraciones están afrontando el desafío de los cambios tecnológicos para los próximos años.

Con más de 12 años de experiencia, Idoia Ortiz ha desarrollado su carrera entre España, Estados Unidos y América Latina, en organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Es Sloan Fellow del Massachusetts Institute of Technology (MIT), donde centró sus estudios en la colaboración de startups y gobiernos para la modernización de los servicios públicos, metodologías de innovación abierta y transformación digital. También tiene un Máster en Relaciones Internacionales (MSFS) por la Universidad de Georgetown.

¿Está el mundo preparado para los cambios tecnológicos que vienen en los próximos años?

Aunque la transformación que estamos viviendo supone un avance tremendo en ciertos campos, también es un cambio que amenaza con acrecentar las desigualdades ya existentes. Si algo hemos comprobado en los últimos años es que el talento innovador, la inversión y las ganancias tienden a concentrarse en áreas geográficas (por ejemplo, en las ciudades) y en sectores de la población, entre otros.

Por eso, como país es importante concentrarnos en generar y atraer el mejor talento e inversión para competir a nivel internacional, pero también es necesario replantearse qué tipo de medidas y políticas distributivas podemos desarrollar para no dejar a nadie atrás.

Desde el punto de vista de la Administración Pública, ¿qué se está haciendo y qué falta por hacer en España para enfrentarnos a la realidad que viene?

Durante los últimos años, tanto con el Gobierno del PP como con el del PSOE se ha puesto especial énfasis en la digitalización de la economía española, planteando el rol del Ejecutivo en la promoción del sector tecnológico, en el impulso de la transformación digital de la industria española y en la creación de regulaciones que permitan competir a nivel internacional. Por otra parte, se han desarrollado planes de transformación digital de las Administraciones públicas para la mejora del servicio al ciudadano y una mejor eficiencia económica del Estado. Sin embargo, estas dos agendas van en paralelo y no se hablan una a la otra.

Creo firmemente que la transformación de la Administración tiene que estar en el centro de la agenda digital española. Si queremos instituciones que promuevan e incentiven la transformación, necesitamos que sean las primeras en modernizarse y en convertirse en instituciones ágiles y abiertas al cambio. Como siempre decimos desde el PublicTech Lab, no podemos pretender ser una nación emprendedora con instituciones del siglo pasado.

¿Qué modelos de países de nuestro entorno podrían servir de hoja de ruta para España?

Sin lugar a dudas, la referencia es Gran Bretaña y su Government Digital Service (GDS). En casi 10 años han conseguido tener un mercado de proveedores digitales diverso y competitivo, crear servicios de pago o comunicación comunes, ofrecer servicios digitales de valor al ciudadano, publicar todo de tipo de data que es reutilizada por empresas grandes y startups, y hasta hacer «sexy» trabajar como programador o diseñador en el Gobierno para después seguir su desarrollo profesional en lo privado. Han logrado cambiar el sistema.

Tenemos ejemplos más cercanos. Portugal tiene un laboratorio de diseño de servicios y un programa para startups dando soluciones a retos públicos. Italia contrató a Diego Piacentini, exdirectivo de Amazon, como Alto Comisionado Digital para crear el Team Digitale. En América Latina destacan México, Colombia, Argentina y Uruguay.

¿Cómo se beneficiarán los Gobiernos de estos cambios tecnológicos? ¿Y los ciudadanos?

El uso de los datos ayudará a los políticos a tomar mejores decisiones y al ciudadano a cuestionarlas. Y esto es especialmente importante en una época en donde las narrativas políticas y culturales pesan demasiado.

Los datos pueden ayudar, por ejemplo, a conocer mucho mejor al usuario final de una determinada política y diseñarla en base a sus necesidades, a tomar decisiones mucho más informadas ante grandes inversiones de infraestructura o evaluar las intervenciones o decisiones realizadas. Los datos también nos permiten a diseñar servicios digitales, a la medida de sus usuarios, experimentando y adaptando el servicio en tiempo real.

Por otra parte, los datos públicos aportan claridad al ciudadano y permiten cuestionar las decisiones políticas. Es interesante, por ejemplo, el debate generado por Madrid Central. Hay expertos economistas, medioambientalistas o politólogos que han basado sus argumentos (tanto en contra o como a favor) en los datos mediambientales a disposición pública. Que argumentos basados en evidencia empírica sean parte del debate en Twitter no es poca cosa.

Finalmente, ¿qué riesgos existen en materia de seguridad? ¿Está la Administración Pública preparada para afrontar estos cambios con garantías?

Tenemos suerte porque España es líder en ciberseguridad. Pero a nivel individual, también está el debate del uso de los datos por las grandes plataformas, la privacidad y libertad del individuo. En este sentido, libros como The Age of Surveillance Capitalism, de Shoshana Zuboff, estés de acuerdo o no con su autora, permiten entender la complejidad del espacio con el que nos enfrentamos en el futuro digital. El debate está servido y no nos queda otra que confiar en el buen hacer del legislador europeo. Desde luego, este va a ser uno de los debates clave de los próximos años.