Aunque todavía no se haya confirmado de forma oficial quién será el presidente de los Estados Unidos, el día de las elecciones 2020 también supuso la aprobación de varias novedades legislativas a través del voto popular. Una de las más comentadas ha sido la « Proposition 22 », impulsada por las empresas de transporte de viajeros, como Uber y Lift, con el objetivo de considerar como empleados a sus conductores, pero manteniéndoles su independencia como autónomos.

Esta ley ha recibido el apoyo masivo de los votantes californianos, en concreto, un 58,4% respaldaron la aprobación de esta nueva regulación.Esta nueva proposición es un paso adelante en lo referente a cómo se pueden regular las relaciones laborales entre las empresas tecnológicas que operan a través de aplicaciones de móviles y su equipo humano. Mientras que en España el Tribunal Supremo obliga a Glovo y empresas afines a contratar a sus “riders”, al considerar que son falsos autónomos, en California, a través del voto popular, optan por la vía opuesta como forma de fomentar la contratación y el trabajo.

De este modo, un conductor de Uber tendrá a partir de ahora un seguro médico, entre otros beneficios, pero podrá seguir ejerciendo su profesión con diversas compañías, sin estar sujeto a un contrato de trabajo exclusivo con una empresa.

Entre los beneficios que lograrían estos conductores encontramos:

  • Revisiones periódicas de los antecedentes de todos los conductores
  • Un seguro de accidentes laborales que cubriría lesiones y enfermedades en el trabajo
  • Ganancia mínima garantizada (120% del salario mínimo del estado de California)
  • Implementación de cursos de seguridad obligatorios para los conductores
  • Tolerancia nivel cero para los delitos relacionados con alcohol y drogas
  • Protección contra discriminación y acoso sexual
  • Compensación de gastos

Más de 100.000 conductores de estas aplicaciones solicitaron el apoyo popular a la Proposición 22 para poder mantener su estilo de vida y elegir con qué compañías quieren trabajar en función de los salarios por hora que ofrecen estas compañías según la demanda. Su aprobación supone un espejo donde los legisladores españoles podrán establecer comparaciones y optar en un futuro por soluciones más flexibles como la tomada en California.