Recuperando las palabras de nuestra compañera Laura Casado en ACOP, los Asuntos Públicos tienen un objetivo prioritario, que es hacer llegar la voz de las organizaciones a los decisores políticos y ser capaz de adelantarse a los cambios regulatorios del sector. Un sector que, como sabéis y os hemos contado, vive un gran auge en España: las empresas son más conscientes de la necesidad de gestionar sus relaciones con el sector político e institucional y de participar activamente en los procesos legislativos para anticiparse a los imprevistos y responder a estos de forma óptima y eficaz.

Así, según ha publicado Corporate Excellence en su informe ‘El valor de la medición en public affairs en España’, el 80% de las empresas que participaron en el estudio -entre las que se encuentran Abertis, Acciona, Bankia, BBVA, Cemex, Cepsa, Coca-Cola, Damm, Danone, Gestamp, Grupo del Sector Sanitario, Ibercaja, IKEA, Indra, Free Now, Mapfre, Santander, SEAT y Toyota- han aumentado o mantenido el presupuesto destinado a Public Affairs durante el último ejercicio. En concreto, en nuestro país, la mayoría de las multinacionales extranjeras cuentan con un departamento de Asuntos Públicos y se ha incrementado el número de consultorías especializadas en este ámbito.

Como toda actividad empresarial, es necesario cuantificar el impacto de estas medidas para poder evaluar la repercusión que tiene en la empresa la inversión realizada en Asuntos Públicos y el valor del propio departamento que se encarga de ejecutar estas acciones, así como para analizar los puntos fuertes y débiles de las estrategias seguidas, con el fin de poner en marcha iniciativas futuras más eficientes.

Según el citado estudio, existen tres tipologías de sistemas para medir las prácticas de  Public Affairs: sistemas basados en ROI o retorno de la inversión -para cuantificar los resultados desde el punto de vista financiero-; sistemas basados en outcomes -centrados en la definición y análisis de las actividades-; y otros sistemas, centrados en los grupos de interés contactados, las victorias o derrotas legislativas, la satisfacción de los stakeholders externos o la participación en consultas públicas.

La más utilizada es la metodología basada en outcomes, pero lo ideal, y a lo que tiene que llegar el sector, es consensuar una metodología con una base común, que luego se pueda adaptar a las características de cada organización.