Los asuntos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) se han convertido en uno de los factores que accionistas e inversores tienen en cuenta a la hora de poner en marcha estrategias corporativas y tomar decisiones relativas a la inversión empresarial. Ante la creciente preocupación por la sostenibilidad y las buenas prácticas empresariales y el incremento de denuncias sobre trabajos forzosos -como la alerta, por parte de la ONU, de condiciones laborales de explotación hacia la comunidad uigur en la región china de Xinjiang-, la Unión Europea (UE) ha puesto en marcha medidas regulatorias y nuevas directrices de debida diligencia aplicables en el ámbito europeo, como parte de su estrategia comercial.

Así, el pasado 10 de marzo, el Parlamento Europeo aprobó un informe con recomendaciones para que la Comisión Europea presente una directiva que asegure que las empresas de todos los países miembro sean responsables y objeto de sanción cuando provoquen o contribuyan a provocar un daño en los derechos humanos (incluidos los derechos sociales, laborales y sindicales), el medio ambiente (por ejemplo, si contribuyen al cambio climático o la deforestación) y la buena gobernanza (como la corrupción y los sobornos) en su cadena de valor y de suministro.

Los principales objetivos de la propuesta son los siguientes:

• Garantizar que las compañías que operan en el mercado interior europeo -incluidas las que ofrecen servicios financieros, las pequeñas y medianas empresas que cotizan en bolsa y de alto riesgo- cumplan su deber de respetar y no causar efectos adversos en los derechos humanos, el medio ambiente y el buen gobierno mediante sus propias actividades o las vinculadas directamente a sus operaciones, productos o servicios por una relación comercial o en sus cadenas de valor.
• Asegurar el derecho de las víctimas a obtener reparación. Para ello, las empresas serán consideradas legalmente responsables por sus acciones y podrán ser sancionadas por el daño causado o su contribución, a no ser que puedan demostrar que actuaron en línea con las obligaciones de diligencia debida y tomado medidas para evitar el efecto adverso. Los derechos de las víctimas en terceros países, especialmente vulnerables, también deberán quedar mejor protegidos, ya que podrán recurrir a los tribunales en virtud de la legislación de la UE.
• Establecer unas condiciones competitivas justas y uniformes, evitando que las compañías que actúan correctamente se encuentren en desventaja.
• Las organizaciones tendrán que publicar una declaración y evaluación de riesgos con datos, información y metodología que garantice que no causan ni contribuyen a generar efectos adversos potenciales o reales en los derechos humanos, el medio ambiente o la buena gobernanza.
• De no ser así, deberán aplicar una estrategia de diligencia debida, en la que especificarán los efectos adversos presentes en sus actividades y relaciones comerciales, así como su nivel de gravedad, probabilidad y urgencia; describirán su cadena de valor; indicarán las políticas y medidas tomadas para detener y mitigar esos efectos; y establecerán una estrategia de priorización para abordar primero los de mayor gravedad.
• La prohibición de la importación de productos vinculados a graves violaciones, como el trabajo infantil o forzoso.

En principio, Bruselas tenía previsto presentar en junio su directiva sobre Gobierno Corporativo Sostenible, que incluye la debida diligencia empresarial y responsabilidad corporativa a lo largo de la cadena de valor y de suministro, pero, debido a la actuación de los lobbies (grupos de presión), se ha suspendido hasta otoño de este año. Esta ley resulta clave para fortalecer la competitividad global de las empresas de la UE, cumplir con el Pacto Verde Europeo (Green Deal), proteger los derechos humanos, tanto dentro de la UE como fuera, así como abordar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

Además, la competitividad de las empresas europeas se vería reforzada si se garantiza que los productos de las entidades externas a la Unión se producen bajo normas medioambientales y sociales inferiores, dando lugar a que compitan también por esos estándares de calidad y no solamente por los precios.

Por otra parte, esta normativa contribuirá muy positivamente a la difusión de los valores de Europa, tales como la protección de los derechos humanos y del medio ambiente.

A la espera de la presentación de la ley, la Comisión Europea publicó en julio una guía sobre debida diligencia para ayudar a las empresas de la UE a atajar el riesgo de trabajo forzoso en sus operaciones y cadenas de suministro, en línea con los estándares internacionales.