El Consejo de Ministros aprobó y publicó el último día de agosto el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para 2021, constituido por las iniciativas legislativas o reglamentarias que los distintos departamentos ministeriales prevean elevar cada año natural al Consejo de Ministros para su aprobación. Un documento con el que el Gobierno arrancó el curso, pese a llegar con 16 meses de retraso, al tener fijada como fecha máxima de publicación el 30 de abril del año anterior a su vigencia, según el Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, por el que se regulan el Plan Anual Normativo y el Informe Anual de Evaluación Normativa de la Administración General del Estado y se crea la Junta de Planificación y Evaluación Normativa.

Según anunció el propio ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y cita el mismo Plan, en los meses que quedan para acabar 2021, el Gobierno aspira a aprobar 144 iniciativas normativas, de las que seis son leyes orgánicas, 28 leyes ordinarias y 110 reales decretos.

Entre las aprobadas recientemente destacan el Proyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional (7 de septiembre); la Ley de Convivencia Universitaria (7 de septiembre); el Real Decreto por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2021 (28 de septiembre); el Proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones (24 de agosto); el Real Decreto-ley para la defensa del empleo y la reactivación económica y para la protección de los trabajadores autónomos (28 de septiembre), que incluye la prórroga de los beneficios de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 28 de febrero de 2022; o la modificación de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación (31 de marzo).

Pendientes de aprobar están todavía otras normativas que pueden resultar más controvertidas para el Gobierno, tanto a nivel interno en la coalición como entre los distintos grupos parlamentarias. Los ámbitos en los que se prevé una mayor actuación normativa son: Agricultura, Ganadería y Pesca, con 16 proyectos normativos previstos; Educación, Formación Profesional y Universidades, con 15; y Empleo y Relaciones Laborales, con 10. De todas destacan:

• La derogación de la reforma laboral de 2012, puesta en marcha por el PP. La ministra de Trabajo y vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, ya avanzó el pasado mes de marzo que su intención es abordar el desmontaje de varios elementos de la reforma laboral del PP y otras modificaciones legislativas, como la subcontratación y la limitación de los contratos laborales, dos puntos muy polémicos para los empresarios.
• El primer borrador de la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), presentado ante el Consejo de Ministros el 31 de agosto, generó bastante ruido entre las comunidades estudiantil y docente. De hecho, el ministro Castells ha realizado cambios sustanciales en el aspecto de gobernanza tras reunirse con los diferentes agentes implicados, anulando la opción de que un comité elija al rector, así como de que los decanos se seleccionen entre tres candidatos y la limitación de los claustros a 100 componentes.
• La Ley estatal por el derecho a la vivienda, cuya principal disputa entre el PSOE y Unidas Podemos se corresponde con la limitación del precio del alquiler. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros del 5 de octubre, Félix Bolaños avanzó un acuerdo entre ambas formaciones para “contener y reducir los precios del alquiler” e “incrementar de manera muy notable el parque público de vivienda, también en alquiler”. Así, un 30% de las casas que se construyan se destinarán a vivienda protegida y, de estas, la mitad será para alquiler social.
• La Ley General de Comunicación Audiovisual. Dos de los grandes aspectos de esta normativa serían la regulación de las plataformas de compartición de vídeos (como YouTube, TikTok, Instagram y Twitch) y la inclusión de los influencers, tal y como señaló la CNMC en su último informe, con fecha a 6 de agosto.
• La Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes (ley de start-ups), en la que el Gobierno propone aplicar rebajas e incentivos fiscales a estas empresas y agilizar sus gestiones con la Administración.