La aparición de UPyD como aspirante a la medalla de bronce de la política nacional, y el ocaso de Izquierda Unida, arrastrado por el tsunami bipartidista del sistema electoral español colocaron en la prensa el eterno debate sobre la proporcionalidad, la sobre/infra representación de algunos partidos, y otros apartados que cuestionaban un sistema electoral heredado de la transición a una democracia que transita ya por su tercera década, y que quizá exige algunos reajustes.

Inauguramos la semana con noticias sobre la subcomisión del Congreso constituida en octubre de 2008 y presidida por Alfonso Guerra sobre «la posible reforma del Régimen Electoral General» (ver composición de la subcomisión).

Los partidos acordaron en el Congreso poner punto final al autobombo gubernamental en períodos preelectorales.
Se trata de aquellas medidas propagandísticas que se ocultan detrás de algún anuncio o inauguración realizado por un partido gobernante durante los 54 días que van desde la convocatoria de las elecciones hasta la votación.

La subcomisión también ha abordado el tema del voto emigrante, una exigencia tradicional de los nacionalistas gallegos y el Partido Popular: según al legislación vigente, el voto emigrante elegiría a 15 diputados. PP y PSOE están de acuerdo en que la solución podría pasar por dejar en manos de los votantes fuera del país la elección de entre y 5 escaños en el senado.

El trabajo de la subcomisión está siendo discreto a pesar de la magnitud de la exigencias que se manejan, y de la relevancia que tendría la aplicación de algunas de las medidas que hay sobre la mesa.

Repasemos

  • El Partido Popular y el Bloque Nacionalista Gallego han pedido que se revise el estatus del CERA, el Censo de Residentes Ausentes.
  • El PSOE, por su parte, se plantea la forma de incluir el voto inmigrante en los comicios.
  • CiU pidió desde el principio de las reuniones una modificación en la circunscripción para la elección de eurodiputados. Una medida que no llegó a tiempo de las pasadas elecciones europeas.
  • UPyD e IU solicitan las reformas más sustanciales: un aumento del número de diputados que corregiría algunos de los desvíos representativo, así como una modificación de la circunscripción electoral que permitiría a los partidos nacionales tomar importancia por encima de los nacionalistas, a los que consideran los grandes beneficiados del actual sistema.
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