Previsiblemente, en 2022 se modificará el Reglamento del Congreso de los Diputados para regular los encuentros entre los grupos parlamentarios y los lobbies en nuestro país, así como la definición, registro y conocimiento de los grupos de interés.

Sin embargo, en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por la popular Isabel Díaz Ayuso, ya se han adelantado a la normativa nacional: el anteproyecto para modificar la Ley de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, conocida como Ley Ómnibus, hace alusión a las “reuniones de cortesía institucional”.

De aprobarse la normativa, según la redacción inicial, deben seguir haciéndose públicas “las agendas completas de trabajo y de reuniones de los responsables públicos”, con la excepción de “la actividad de mera cortesía institucional”. Asimismo, el anteproyecto de ley contempla la exclusión del Registro de Transparencia de las “actividades de mera cortesía institucional”. Más concretamente, dice así:

“Quedan excluidas del Registro de Transparencia las actividades de mera cortesía institucional no tendentes a influir en el proceso de elaboración o diseño de normas jurídicas, o de elaboración y aplicación de políticas públicas, en los términos previstos en el artículo 65. Asimismo, quedan excluidas las actividades relativas a la prestación de asesoramiento jurídico o profesional vinculadas directamente a:

1. a) Defender los intereses de las partes afectadas en procedimientos administrativos en tramitación.
2. b) Informar a un cliente sobre un asunto particular.
3. c) Realizar actividades de arbitraje, conciliación o mediación en el marco de una ley ya existente”

Una postura que contrasta con la propuesta reglamentaria de la Cámara Baja, cuya proposición de reforma detalla que la información contenida en el formulario de registro de los grupos de interés será de carácter público y accesible a través de la web.