El Principado de Asturias se une al resto de administraciones autonómicas que han puesto en marcha el proceso legislativo para regular la actividad del lobby. Según se conoció hace unos días, la ponencia encargada de elaborar el dictamen de la Ley de Transparencia ha decidido incorporar este asunto en dicha norma.

La fórmula que se plantea es la creación de un registro obligatorio de lobbies, así como la obligación de que los cargos públicos informen de las reuniones que mantengan con estos grupos y el resultado de dichos encuentros. Se incluirá además un código de conducta cuyo incumplimiento irá aparejado de sanciones, esto último a propuesta del Partido Popular.

La ponencia se reunió por última vez el pasado 22 de noviembre y no tiene previsto celebrar ningún sesión de trabajo más en lo que resta de año. Si bien, según informó el portavoz de IU en la Junta General del Principado, Gaspar Llamazares, han solicitado que se autorice la celebración de reuniones en enero, mes inhábil en la Cámara autonómica, para poder continuar con los trabajos y llegar a febrero con un acuerdo consensuado.

Asturias se une así a otras autonomías que ya han regulado, o están en ello, el lobby. Aragón y Cataluña, donde ya existen normas ad hoc, y Valencia, además de ciudades como Madrid, están incorporando la regulación de los grupos de interés en sus corpus legislativos.