El presidente del Gobierno comunicó el pasado 15 de febrero su intención de adelantar las elecciones generales al 28 de abril. Para ello, el real decreto de convocatoria de elecciones deberá publicarse en el Boletín Oficial del Estado el martes 5 de marzo.

Dicho decreto establecerá la disolución de las Cortes Generales y la fecha de celebración de los nuevos comicios. Una disolución que debe ejecutarse 54 días antes del día de celebración de las nuevas elecciones generales. ¿Qué ocurrirá a partir de entonces?

Disolución de las Cámaras

El Congreso y el Senado quedarán disueltos, permaneciendo en funcionamiento las diputaciones permanentes de cada Cámara. Como consecuencia, todos aquellos diputados y senadores que no formen parte de estos órganos, bien como titulares o como suplentes, perderán su condición de parlamentarios.

Campaña

El plazo para solicitar el voto por correo se extenderá desde el mismo 5 de marzo hasta el 18 de abril. La campaña debería comenzar el 12 de abril, dos días antes del Domingo de Ramos de Semana Santa, y extenderse hasta el viernes 26 del mismo mes. Una vez más, y de acuerdo con el artículo 69.7 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), los cinco días anteriores a los comicios quedará «prohibida la publicación y difusión o reproducción de sondeos electorales por cualquier medio de comunicación».

Nuevas Cortes Generales

Será en el decreto de convocatoria electoral del próximo 5 de marzo donde se fije el día y la hora de la sesión constitutiva de las nuevas Cortes Generales, aunque se calcula que será entre el 15 y el 23 de mayo, es decir, en plena campaña para las elecciones municipales, autonómicas y europeas que se celebrarán el 26 de mayo.

Actividad legislativa

¿Quiere esto decir que la actividad legislativa quedará paralizada? No, a pesar de que las Cortes queden disueltas desde el 5 de marzo y por defecto todas las proposiciones de ley que están en tramitación parlamentaria decaen automáticamente. La Diputación Permanente podrá aprobar iniciativas promovidas desde el Ejecutivo en funciones en forma decretos leyes. De hecho, desde el Gobierno ya se ha mostrado su intención de promover, al menos, el subsidio para parados mayores de 52 años, las cotizaciones a la Seguridad social de los cuidadores no profesionales de personas dependientes, la ley de igualdad laboral y la derogación de parte de la reforma laboral de 2012.