La transformación del panorama político y parlamentario español ha tenido como consecuencia una paralización en los procesos legislativos. Los últimos gobiernos, tanto el popular de Mariano Rajoy como el socialista de Pedro Sánchez, han recurrido a la figura del decreto ley para sacar adelante todo tipo de iniciativa legislativas.

En un contexto en el que los avances regulatorios dependen cada vez más de la Unión Europea, este panorama de paralización legislativa nacional tiene una clara consecuencia en la ralentización de los procesos de adaptación normativa española a los acuerdos establecidos en Europa.

El servicio de estudios del Consejo General de Economistas ha elaborado un informe titulado La trascendencia de las cuestiones europeas para los ciudadanos y las empresas españolas, en cuyas conclusiones se pone de manifieste el desequilibrio manifiesto que mantiene la administración española en la adaptación de la legislación nacional a las directivas europeas respecto al grueso de Estados miembros.

En dicho documento se especifica el incremento del uso del real decreto en 2018 y 2019 como herramienta para la transposición urgente de directivas pendientes. Sólo el año pasado se contabilizaron 28 reales decretos leyes, de los que una docena derivó de directivas europeas o están relacionados con ellas. Es decir, el 43% de los reales decretos aprobados lo fueron por la necesidad de adaptar la legislación española al marco europeo.

En lo que va 2019, el número de reales decretos se eleva a 10, el 70% de los cuáles encuentra su fundamento en directivas europeas. Teniendo en cuenta el actual panorama político español, todo lleva a pensar que esta tendencia, lejos de frenarse, se incrementará. Tal y como refleja el documento del Consejo General de Economistas, España debe transponer al menos 18 directivas europeas antes de que termine el año.

El informe detalla que nuestro país tarda una media de 12 meses más que el resto de Estados miembros en adaptar la regulación nacional a la normas europeas, lo que tiene como consecuencia que el 70% de las sanciones por retrasos recaigan sobre nuestro país. De hecho, a lo largo del pasado año, 21 de las 52 directivas europeas que se transpusieron estaban fuera de plazo y la Comisión Europea ha denunciado cuatro de ellas.