El pasado jueves el grupo Izquierda Plural presentó en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley para la creación de un Registro de lobbies o grupos de interés, al igual que ocurre en la Comisión Europea y en otros países con democracias de mayor tradición como Estados Unidos, Francia, Reino Unido o Canada.

No es el primer intento de establecer un marco para el lobby en España. Anteriormente se han presentado en el Parlamente tres proposiciones no de ley para el control y regulación de los lobbies. La primera fue en febrero de 1990 por parte del Grupo Popular para la “regulación de los despachos que gestionen intereses particulares confluyentes con intereses públicos”. Pero no prosperó.

Tres años más tarde, el 2 de febrero de 1993, el Congreso admitió el debate en Pleno de la proposición no de Ley del CDS en la que se proponía un Registro público de Grupos de Interés y las normas de su funcionamiento. Esta vez el mismo Grupo retiró su propuesta.
La tercera surgió en abril de 2008, cuando el grupo parlamentario de IU, ER e Iniciativa per Catalunya Verds propusieron la creación de un Registro de lobbies o grupos de intereses, pero tampoco salió adelante.

Con la nueva legislatura asistimos a un cuarto intento, una petición que tanto los profesionales de la representación de intereses como una buena parte de la sociedad demandan, junto con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Con estos pasos se avanzaría mucho hacia la transparencia y profesionalización de la representación de intereses.

El pasado fin de semana, dentro del Postgrado de Dirección de Asuntos Públicos, el primer programa especializado en lobby, que se imparte en España se analizó este asunto dentro de la sesión “Transparencia y Deontología Profesional” a cargo del profesor Manuel Villoria, Catedrático de Ciencia Política y Presidente de Transparencia Internacional.