En el último número del pasado año, Journal of Contemporary European Research publicó un artículo de Direnc Kanol, profesora en la Universidad de Siena (Italia), en el que analizaba la necesidad de un registro obligatorio para los grupos de presión que trabajan en la Unión Europea.

En junio de 2011, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo se unieron para crear el Registro de Transparencia en el que los lobbies que así lo deseen pueden inscribirse y respetar el código de conducta establecido por los profesionales de la actividad. A día de hoy, 18 de febrero, 5.549 instituciones, empresas, ONG, consultorías o agrupaciones, forman parte de este registro que, según el primer informe publicado hace unos meses, ha sido todo un éxito en cuanto a objetivos conseguidos y perspectivas de futuro presentadas.

Sin embargo, Kanol expone en su artículo la tesis de que el registro voluntario está condenado a desaparecer y que la Comisión Europea debería implementar lo antes posible un registro obligatorio para los grupos de presión que evite el déficit democrático en Europa.

Según la autora la responsabilidad que tienen los políticos presupone, ante todo, la existencia de transparencia, pero la experiencia y las criticas continuadas a la Comisión en esta materia abre un debate entre la necesidad de una regulación por ley o la autorregulación de la actividad de lobby en Europa.

Regular la actividad por motivos de transparencia, de rendición de cuentas y de dar a conocer al público cómo y con qué recursos trabajan los grupos de presión en las instituciones europeas es el punto de acuerdo del que todos los sectores parten. Sin embargo, la forma de hacerlo origina el debate.

Los partidarios de la autorregulación se justifican en la posibilidad de que una regulación excesiva pueda impedir que ciertos grupos, sobre todo los más pequeños y con menos recursos, no puedan llevar a cabo su actividad por suponer ésta un mayor coste y una mayor dificultad.

Por su parte, los más cercanos a la necesidad de un registro obligatorio (entre los que se encuentra Kanol) se basan en datos objetivos. Cincuenta de las mayores empresas de Europa que influyen en las decisiones de la Unión, no forman parte de este Registro voluntario, por tanto, hacen lobby en secreto. Además, la falta de regulación para todos conlleva desigualdad en la actividad, saliendo favorecidos los grupos con mayores recursos, tanto humanos como de capital. Y, por último, siguiendo el modelo de otros países, como Estados Unidos, donde la actividad es una parte fundamental del sistema, Europa necesita un registro obligatorio.

La experiencia y los argumentos de cada una de las partes están presentadas en numerosos estudios y publicaciones. Ahora queda ver qué opinión tienen los miembros de la Unión sobre la obligatoriedad o no del registro.