El pasado 15 de diciembre el Consejo de Gobierno de Aragón aprobó el Proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública con el objetivo de promocionar, impulsar y garantizar la integridad y ética en el sector público de Aragón y en las personas y entidades que se relacionan directamente con él. Una manera de “fortalecer la lucha contra cualquier modalidad de corrupción”, según indicó el Consejero de Presidencia de Aragón, Vicente Guillén.

Como parte de este Proyecto, el Gobierno aragonés ha creado la Agencia de Integridad y Ética Pública, organismo que en el plazo de seis meses deberá aprobar el régimen jurídico del Registro de lobistas y lobbies de Aragón.

Hasta el momento se conocen algunas de las normas básicas que incluirá este registro, como la inscripción obligatoria de lobistas y lobbies, un código de conducta, un sistema de seguimiento y control de cumplimiento de dicho código y la publicación de las agendas de las autoridades autonómicas y el resultado de las reuniones y encuentro con lobistas. También se ha sabe que el registro será gratuito y electrónico.

Una vez aprobado el Registro, entrará en vigor seis meses después el capítulo del Proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública que regula la relación entre autoridades y altos cargos con los lobbies y lobistas.