Ante la falta de pactos para lograr formar Gobierno en España tras las elecciones del pasado 20 de diciembre, los líderes del PSOE y Ciudadanos, Pedro Sánchez y Albert Rivera, han firmado el Acuerdo para un gobierno reformista y de progreso, un documento de 65 páginas y más de 200 medidas entre las que se encuentras varias relativas a la transparencia y al lobby.

En el Acuerdo, al que espera se sumen otras formaciones como Podemos, Coalición Canaria, Izquierda Unida o Compromis, ambos partidos  han establecido una serie de medidas que abarcan decenas de temas desde la reformas de las Cortes Generales hasta la lucha contra la corrupción.

En estos dos apartados aparecen referencia a cuestiones relativas a la transparencia y a la actividad del lobby.  Según lo acordado, si llegan a forman un Gobierno, se regularía “el acceso al ejercicio de representación de intereses e influencia en la política (Lobby), para evitar la influencia indebida y los riesgos de corrupción que derivan del tráfico de influencias”. Además se establecerán “beneficios en la contratación con el sector público para aquellas empresas que firmen pactos de integridad”.

En cuanto a la reforma de las Cortes Generales, PSOE y Ciudadanos apuestas por “reforzar la relación del Parlamento con la ciudadanía a la que representa” a través de varias acciones, como el acercamiento a los debates parlamentarios, fortaleciendo la función de control al Gobierno o “profundizando en la transparencia de la actividad parlamentaria y en la participación ciudadana”.

Insistiendo en este último punto, el Acuerdo expone la necesidad de garantizar la “total transparencia de la actividad parlamentaria”. Entre varias medidas, apuestas por incorporar “la huella legislativa” para conocer la “procedencia, trámites y modificaciones” que hayan sufrido las leyes.

Otra de las cuestiones a la que el Acuerdo dedica uno de sus puntos es al rechazo al fenómeno de “puertas giratorias” por el que cargos públicos se incorporan a empresas o fundaciones tras abandonar sus cargos. Para ello, se incluirá en las leyes de conflictos de intereses un supuesto de incompatibilidad tras el cese de altos cargos “por un periodo de cinco años para quienes pretendan incorporarse ex novo a empresas, así como a fundaciones o entidades dependientes de ellas, de un sector sobre el que no tenían experiencia profesional previa y sobre el que hayan tenido responsabilidades de regulación o gestión”.