Aragón se ha convertido en la segunda Comunidad Autónoma que introduce en su legislación la regulación del lobby. El Pleno de las Cortes aragonesas aprobó el 1 de junio la Ley de Integridad y Ética Pública, en la que se incluye la creación de un registro de lobbies y de una agencia que deberá supervisar la actividad pública.

La norma responde a los acuerdos de investidura que permitieron alcanzar el Gobierno de Aragón a Javier Lambán (PSOE). Según explico el Consejero de Presidencia, Vicente Guillén, la ley contempla el compromiso de cumplir un código ético público, dispone un Estatuto del Empleado Público Denunciante y un Código de Buen Gobierno.

La nueva ley también establece unas normas en el traspaso de poderes en el Gobierno entre legislaturas y ordena el Registro de Actividades, Bienes y Derechos Patrimoniales de los miembros del Ejecutivo, fijando que las declaraciones de bienes sean públicas y que, una vez cesado en el cargo, sometan a examen su situación patrimonial.

Aragón sigue así el camino que ya tomó Cataluña, donde ya existe un registro de grupos de interés en el Parlamento catalán, y ha tomado la delantera a otras comunidades como la Valenciana, que trabaja desde hace algún tiempo en un proyecto similar.