Las tres principales instituciones de la Unión –Comisión Europea, Parlamento Europeo y Consejo de la UE– reiniciaron el mes de abril las negociaciones para sacar adelante un registro de transparencia compartido sobre la base del existente cuyo principal cambio supondría establecer su obligatoriedad para aquellos actores que quieran mantener reuniones con cargos electos o personal funcionarial de la UE, presentar propuestas legislativas o acudir a audiencias públicas organizadas por una comisión del Parlamento Europeo.

Es el Parlamento Europeo el que está liderando esta actualización del registro, buscando reforzar y mejorar la rendición de cuentas de las instituciones de los 28, así como garantizar un proceso de toma de decisiones transparente y más abierto al público a escala comunitaria.

El actual registro lo puso en marcha la Comisión Europea y el Parlamento Europeo en 2011 con el objetivo de garantizar que aquellos que buscan interactuar con las instituciones de la UE puedan declarar públicamente su interés y proporcionar información sobre sí mismos. Este registro único reemplazó a los anteriores: el del Parlamento se remonta a 1995 y el de la Comisión Europea, a 2008. El Consejo ha sido observador desde 2014.

En la actualidad, cuenta con más de 11.700 entradas entre las que ses cuentan desde consultoras, organizaciones profesionales y ONG a think tanks, organizaciones religiosas y organismos públicos.