Casi dos años después de que fuera aprobado en el Consejo de Gobierno asturiano, el texto del Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Transparencia y Buen Gobierno parece tener fecha. Está previsto que la ponencia de la Junta General del Principado encargada de su estudio y debate termine su trabajo el 21 de junio. De esta manera, la ley autonómica podría ser aprobada en las primeras semanas de septiembre, lo que implicaría que su entrada en vigor sería a finales de año o principios de 2019.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será el encargado de promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno.

Además, este organismo aprobará, entre otras cosas, un código ético para los altos cargos y asimilados en el plazo de seis meses desde la puesta en funcionamiento de la Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción, así como un estatuto del denunciante en el que se le reconocerá su derecho a la confidencialidad y a la indemnidad; es decir, la Administración no podrá tomar represalias en su contra y no podrá desvelar su identidad.

Como ya informamos, los trabajos de la ponencia avanzaron a finales de 2017 con la intención de llegar a un consenso el pasado mes de febrero. Por aquel entonces ya se había decidido incorporar la regulación del lobby a la Ley de Transparencia del Principado, proyectando un registro de lobbies de carácter obligatorio, entre otras medidas.