El registro de lobbies ya es una realidad a nivel municipal. Madrid se ha convertido en la primera ciudad de España que cuenta con uno, que entrará en funcionamiento el próximo 1 de enero. La normal, enmarcada en la Ordenanza de Transparencia capitalina, incluye una serie de estrategias diseñadas como incentivos para agilizar la inscripción como recibir alertas informativas de las áreas de interés y el uso de espacios municipales para la presentación de propuestas.

Desde 2018, todas las reuniones relacionadas con el lobby en el ámbito de Madrid tendrán que registrarse, independientemente de que se produzcan en dependencias municipales o en espacios privados. De hecho, dicho registro de actividades se cruzará con el de las agendas de los representantes públicos.

Una de las curiosidades es que esta norma no define al lobista, sino que se centra en definir la actividad: «Cualquier actividad de una persona física, jurídica y entidades sin personalidad que pretenda influir en la normativa y en las políticas municipales y en las decisiones de impacto general y que pretendan hacerlo a través de encuentros con concejales, directivos y personal eventual municipal».

En cualquier caso, todos las entidades y colectivos que no se hayan inscrito en el renombrado censo de entidades y los particulares que no hayan expuesto con anterioridad sus circunstancias al Consistorio y cuya actividad encaje en la definición anteriormente descrita deberán inscribirse. Eso sí, las actividades de partidos y sindicatos no se consideran lobby.

Además, la inscripción, que es gratuita, será pública y de formato abierto siempre que no afecte a datos personales. De esta forma, cualquier ciudadano podrá consultar con quién se reúnen los concejales y altos cargos del Ayuntamiento, así como conocer la documentación que se les entrega en dichos encuentros.

Para inscribirse se ha de cumplimentar una declaración responsable en la que se fija el compromiso de cumplir el Código de Conducta. Se debe detallar también la naturaleza jurídica y las fuentes de financiación, así como las áreas de interés y las personas físicas con las que se van a efectuar los encuentros, a quién se representa, quién acudirá a la reunión, el asunto de la misma, las fechas y lugares propuestos y la documentación previa que se aportará.

Los propios responsables municipales que vayan a mantener las reuniones deberán cerciorarse de que sus interlocutores forman parte del registro y, en caso contrario, señalarles la obligación de inscribirse. Además, entrará en funcionamiento un buzón anónimo para denunciar cualquier irregularidad o incumplimiento tanto de la normativa como de su código de conducta. El organismo encargado de analizar dichas denuncias será la Comisión de Seguimiento de la Ordenanza de Transparencia.